Software Libre en el Sector Público: Independencia Tecnológica

Las administraciones públicas de una cierta dimensión tienen actualmente una absoluta dependencia de sus sistemas de información. Servicios básicos como la sanidad pública, la policía o los bomberos, quedarían en gran medida interrumpidos si en un momento dado los sistemas de información que les dan soporte quedaran fuera de servicio. Por este motivo, estos tipos de sistemas se construyen sobre plataformas tecnológicas que garanticen un funcionamiento continuado con sistemas de alta disponibilidad y totalmente redundados.

Habitualmente, los sistemas que soportan estos servicios se desarrollan a medida para la propia administración. Generalmente, por lo menos en el Estado español, en todos los contratos para la construcción de soluciones de software se suele requerir a los proveedores la entrega del código fuente y el traspaso de todos los derechos de explotación de la obra a la administración. Así pues, generalmente la administración es la propietaria de las aplicaciones que sostienen la mayor parte de sus sistemas.

Por otra parte, en algunos casos, existen soluciones en el mercado que ya se adaptan lo bastante bien a los requerimientos concretos de un sistema de información y, en vez de hacer un desarrollo nuevo, se opta por comprar la licencia de uso de esta solución, en el caso de que no sea libre, y parametrizar la para que se adapte o se adecue a las necesidades concretas de tal caso de utilización.

Ahora bien, el software de infraestructura sobre el que funcionan estas aplicaciones –el sistema operativo, los servidores de bases de datos, los servidores de aplicaciones y los servidores de páginas web, entre otros– es prácticamente siempre de terceros que han cedido o vendido una licencia de uso a la administración. En la mayor parte de los casos, este software es privativo; y en la mayoría de aplicaciones intervienen piezas que, generalmente, han sido desarrolladas por diferentes empresas.

¿Qué pasaría si el fabricante de una determinada solución sobre la que está construida nuestra aplicación con alta disponibilidad decidiera dejar de prestarle soporte, o incluso discontinuar dicho producto? En un principio podemos pensar que si ya tenemos la licencia comprada, pues no hay problema, y desde un punto de vista meramente técnico eso probablemente sea así. Muchas veces, sin embargo, en la práctica esta situación hipotética nos llevaría, en un período más o menos largo de tiempo, a la necesidad de buscar un software equivalente a aquel que se ha dejado de ofrecer y a adaptar nuestras aplicaciones para funcionar con esta nueva pieza, y, claro está, eso suponiendo

que lo encontráramos.

Determinados sistemas de información de una administración tienen que funcionar y evolucionar de forma continuada con independencia de las decisiones estratégicas que tomen los fabricantes de las soluciones sobre las cuales están construidos. La independencia tecnológica de la administración se entiende como la capacidad de decidir a corto, medio y largo plazo la propia estrategia tecnológica, sin estar sometidos a las decisiones de una tercera entidad.

La única forma de conseguir esta independencia a un coste razonable es con la adopción y el uso de soluciones de software libre como infraestructura para construir los sistemas de información de una administración pública, ya que, ni aun haciendo una inversión al mantener piezas de software que se hayan dejado de distribuir, se puede marcar la dirección en la que evoluciona la tecnología utilizada.

Es bastante conocido el caso del Ayuntamiento de Múnich, que decidió emprender un costoso proyecto de migración de sus sistemas informáticos hacia soluciones de software libre. La principal motivación para sacar adelante este proyecto fue la pérdida de soporte del sistema operativo que el personal del ayuntamiento tenía instalado en las estaciones del cliente, el Windows NT Workstation. Esta pérdida de soporte implicaba la obligación de actualizar todas sus licencias a versiones posteriores de este sistema, con todas las consecuencias que eso pudiera suponer: renovación de hardware, adaptación de aplicaciones al nuevo sistema o la formación del personal, por citar algunas.

En este caso, el principal criterio para afrontar tal proceso, que desde un punto de vista económico habría sido difícil de justificar, fue la decisión estratégica de garantizar que esta administración tendría la capacidad de escoger el rumbo que tenían que tomar sus TIC en el futuro: la independencia tecnológica.

Ahora bien, la independencia tecnológica no es sólo cosa de sistemas y aplicaciones, también tiene mucho que ver con las personas. La dependencia que genera tener todo el personal de una organización mayor, como es el caso de muchas administraciones públicas, formado o acostumbrado a utilizar unas

soluciones concretas, a menudo es una barrera más difícil de salvar que la propia tecnología; por este motivo, es importante velar para que las competencias en las TIC de los ciudadanos, en general, y de los trabajadores de la administración, en particular, sean en gran medida independientes de la solución tecnológica con las que se han alcanzado. Lógicamente, eso no siempre es posible, pero uno de los objetivos fundamentales de la formación en TIC que se promueva desde las administraciones públicas tendría que ser este. 

Fuente: UOC - Software Libre en el Sector Público