Como las administraciones públicas gestionan fondos públicos, los procesos de contratación requieren una transparencia particular y un cuidado especial en la forma en que se utilizan. En general (dejando de lado pequeñas contrataciones en las cuales eso sería del todo ineficiente), cuando una administración pública inicia un proceso de compra se tiene que garantizar que todos los actores del mercado con capacidad para vender aquel producto o servicio podrán contribuir abiertamente a esta licitación. Naturalmente, eso implica necesariamente que los procesos de compra no se restrinjan a un producto o marca concretos, sino que partan de unas características o especificaciones técnicas mínimas que los participantes de la licitación habrán de satisfacer con su producto y exponer en su oferta.
Ahora bien, a menudo sucede que algunos productos acaban ejerciendo una hegemonía tal en su mercado, que lo acaban monopolizando. Tal situación se produce en algunos ámbitos bastante conocidos de la informática y las comunicaciones, que acaba poniendo en peligro la libre concurrencia a las licitaciones públicas para que, si bien muchos actores pueden concurrir a la licitación, todos ellos lo acaben haciendo con el producto de un mismo fabricante. Eso se produce aunque existan alternativas funcionalmente equivalentes que podrían formar parte de una oferta válida, pero no se tienen en cuenta por el hecho de no estar lo bastante implantadas o extendidas.
Cuando estos productos son privativos, a menudo la capacidad de participar en la licitación va vinculada a una relación de colaboración con el fabricante (partnership) que, por otra parte, no suele ser gratuita. De esta manera, el fabricante del producto monopolizado se beneficia de vender su producto con la oferta ganadora de la licitación y de establecer las relaciones con todas las empresas locales que quieren licitar, por las que a menudo les hace pagar unas cuotas elevadas que las convierten en auténticas aliadas y promotoras de la compañía fabricante y de su tecnología.
El software libre no necesariamente comporta la independencia del proveedor, especialmente cuando nos encontramos ante soluciones muy especializadas, e incluso se puede dar una situación aparentemente contraria. A veces es difícil encontrar a algún proveedor local que tenga los conocimientos necesarios para presentarse a una licitación cuando se pide una solución tecnológica basada con productos de software libre. Pero, a pesar de eso, la pericia y el conocimiento de un producto de software libre están al alcance de todas las compañías del mercado, suscriban o no contratas de colaboración con sus fabricantes. Y el hecho de que exista una oferta de servicios suele depender únicamente de que exista una suficiente demanda.
Si una administración pública licita repetidamente sobre ciertas soluciones de software libre, ello ejerce una influencia en el mercado que hará que cada vez más proveedores obtengan el conocimiento necesario para participar, pero incluso si no fuera así, entonces la propia administración podría emprender acciones dentro del sector para fomentar y promover el conocimiento de estas soluciones.
Fuente: UOC - Software Libre en el Sector Público
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